Julio Segundo Ipuana, miembro del pueblo indígena wayuu, ha denunciado ante la Oficina de Comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, el despojo progresivo de una herencia ancestral ubicada en el municipio de Barrancas, La Guajira. Se trata de un terreno de 44 hectáreas que su familia ha habitado y cuidado por generaciones. Sin embargo, en los últimos años, la administración municipal ha venido ocupando partes del predio basándose en acuerdos verbales nunca legalizados ni protocolizados. Esta situación ha dejado a la familia Ipuana en un estado de vulnerabilidad jurídica frente a su propio territorio.
Con el fallecimiento de su abuelo y de su padre, Julio Segundo se ha convertido en el principal vocero y defensor de este espacio que representa no solo un bien material, sino un legado espiritual, cultural y de identidad colectiva. Hoy, con lo poco que queda de esa tierra ancestral, su familia enfrenta una nueva amenaza: el desalojo definitivo. Las autoridades municipales han intensificado las presiones, sin considerar los derechos territoriales ni el contexto de los pueblos indígenas reconocido por la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.
Julio hace un llamado urgente a entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Pide acciones inmediatas que frenen esta vulneración y protejan a las familias que aún resisten en su tierra originaria. Denuncia además que lo ocurrido con su familia no es un caso aislado, sino parte de un patrón más amplio de despojo territorial en La Guajira. La defensa del territorio indígena es una lucha por la vida, la memoria y el futuro de los pueblos originarios de Colombia. No se trata solo de tierra, sino de dignidad.